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24.5.18

UN MAL DÍA EN LA OFICINA


De la boda roja en El Escorial solo quedáis tú y José María Aznar Mariano; a ver cuánto dura. El Aznarismo se derrumba inexorablemente sobre el Marianismo en un inmenso lodazal de podredumbre y corrupción. Primero la Universidades Complutense y Rey Juan Carlos han decidido investigar oficialmente la carrera ultra rápida y el master mágico de Pablo Casado; justo lo que dijeron que solo harían si no les cuadraban los expedientes remitidos por el Instituto y el centro privado que le dieron los títulos. Se reabre el caso Casado, justo cuando parecía que se había logrado volver a cerrarlo a base de desacreditar a la fuente que expuso las presiones y recomendaciones recibidas desde el Partido Popular para que su joven estrella brillase aún más cegadora.
Además de aclarar el misterio de las convalidaciones mágicas, sin sustento alguno de documento oficial válido, que le permitieron sacarse un máster con cuatro trabajillos y un TFM, ahora alguien va a investigar de verdad sus portentosas marcas logradas durante el año cuando, además de sacar tantas asignaturas como un opositor, se ganó el acta de diputado y se situó en la dirección del partido.
Luego va la Guardia Civil y detiene a Eduardo Zaplana por blanqueo de capitales y andarse trayendo dinero del extranjero procedente de comisiones en negro a cambio de adjudicaciones. De la boda roja en El Escorial solo quedáis tú y José María Aznar, Mariano; a ver cuánto dura. Ya sé que nos dirás que es cosa del pasado, que Zaplana y sus chaquetas súper entalladas ya no pintaba nada en el PP y tú mismo le diste la patada como portavoz, pero lo cierto es que estabas allí, Mariano, y ya mandabas mucho mientras unos y otros depredaban la caja común. El Aznarismo se derrumba inexorablemente sobre el Marianismo en un inmenso lodazal de podredumbre y corrupción; te pasas el día achicando con baldes, pero no para de crecer.
Por si no tuvieras bastante, ese mismo día, un juez va y cita como investigado al número dos del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, José Enrique Fernández de Moya, por los delitos de prevaricación, malversación, cohecho, falsedad y tráfico de influencias en relación con unas facturas de su época de alcalde de Jaén, pagadas por orden suya contra los reparos del interventor municipal y que la Guardia Civil denuncia como falsas y con una acusada propensión al sobrecoste. Y de esto no le podemos echar la culpa a Aznar ni al pasado.
Menos mal que los nacionalistas vascos son gente seria que no se confunden ni de prioridades, ni de enemigo. Menos mal que Marta Sánchez se ha pasado a Ciudadanos y por lo menos no tendrás que soportar la bazofia de su versión del himno en los mítines de las campañas que se avecinan. Menos mal que ahí están Pedro Sánchez y Albert Rivera, compitiendo por ver quién se la dice más gorda al President Torra y centrando de paso tu imagen como hombre de Estado; te van a convertir en nuestro Konrad Adenauer. Menos mal que ahí andan Pablo Iglesias e Irene Montero transformando la compra de una casa en un test de calidad democrática. Ciertamente ha sido un mal día, pero pasará; tú aguanta, que ya se derrotan ellos solos. - ANTÓN LOSADA - 

... y así ha sido, ya tiene aprobados los presupuestos.



23.5.18

¿QUÉ MÁS TIENE QUE PASAR?


  • Me pregunto qué antibiótico podrá combatir la infección de enemistad que, imparable, se extiende (¡incluso en las playas!) entre favorables y contrarios a la independencia. Las discusiones suben cada día de tono. Llegará el momento en que ya no serán noticia: entonces nos daremos cuenta de que la rana catalana ya no puede escapar a su hirviente destino. Un destino de antipatía, rabia y hostilidad. - ANTONI PUIGVERD

Por supuesto, cada sector cree que está en el lado bueno y justo y que la culpa, toda la culpa, es de los otros. Se retratan unos a otros como bestias. Los independentistas acusan de intolerancia y falta de respeto a los que eliminan los lazos amarillos o las cruces. Los independentistas se consideran portadores de verdad política (la causa del “pueblo catalán”) y toman las calles para defender a las víctimas de un estado percibido como opresor. Con los lazos amarillos, protestan por la situación de los prisioneros del juez Llarena y, al mismo tiempo, expresan su fraternidad. No van a cejar en el empeño de expresar las razones de su combate y su derecho a la protesta.

Por su parte, los contrarios a la independencia proclaman su derecho a ejercer la españolidad en Catalunya; y a no sentirse obligados a aceptar la hegemonía del amarillo o de la estelada, símbolos de parte que se imponen en el espacio común. No soportan tener que aguantar incluso en los momentos de ocio la iconografía de los independentistas. Si eliminan los lazos y tumban las cruces es para reclamar su derecho a disfrutar de un espacio público neutral.

Lo que para unos es falta de respeto (eliminar los lazos es percibido como una afrenta a los presos), para sus adversarios es, precisamente, una afirmación de respeto (liberar el espacio público de los símbolos de parte). No hay conciliación posible. Este es el precio que estamos pagando por la falta de política del gobierno central, que ha dejado pudrir en la calle una demanda popular. Pero también es el precio que estamos pagando por una estrategia independentista que quiere ganar en la calle lo que no logra demostrar en las urnas. Las victorias por los pelos del bloque independentista no permitían llevar las cosas hasta este punto. Del mismo modo que la pasividad de los poderes estatales con relación a las demandas mayoritarias en Catalunya empieza ya a suscitar violencia social. Si no cambian radicalmente las cosas, la violencia avanzará hasta cronificarse.

Mientras tanto, pasan cosas tremendas. Una tras otra, las personalidades del PP van cayendo en la fosa séptica; la nueva derecha española (Cs) está dando un giro explícitamente nacionalista y el poder judicial abusa tanto de su fuerza que está siendo corregido de manera humillante en Europa (una Europa que también tiembla: ahora tensada por Trump y por Italia, mañana por la deuda y, quizás, por la nueva burbuja que se acerca). ¿No se dan cuenta, los que todavía están a tiempo de hacer algo, que la espiral destructiva se está descontrolando? Si ahora las alarmas y el propósito reformista, no se activan, ¿cuando se activarán? ¿Qué más tiene que pasar?

22.5.18

COACCIÓN FEDERAL Y ESTADO DE SITIO


Da toda la impresión que no se está reaccionando frente a un incumplimiento “de las obligaciones que la Constitución u otras leyes impongan”, como dice el artículo 155, sino ante algo mucho más grave - Javier Pérez Royo.

Cada día que pasa resulta más difícil imaginar cómo se puede salir del laberinto del artículo 155 de la Constitución Española. Cuando se introdujo el 155 no se sabía muy bien qué es lo que podría suponer su aplicación. Se introdujo pensando que nunca se tendría que hacer uso del mismo, como había ocurrido con el artículo de la Ley Fundamental de Bonn, del que es prácticamente una copia. Y en esas estábamos cuando en el mes de octubre del año pasado se decidió de prisa y corriendo que su aplicación era insoslayable. El Gobierno dio un salto en el vacío sin saber muy bien donde se metía y a dónde podía conducir la decisión que tomaba. Como no podía ser de otra manera, el desconcierto es la consecuencia inevitable.
Dada la naturaleza de la emergencia a la que el Gobierno parece que consideraba que tenía que responder, es posible que no fuera la “coacción federal” el instrumento al que debería haber recurrido, sino al “estado de sitio”, previsto en el artículo 116 de la Constitución. En la Ley Orgánica 4/1981, se define la emergencia a la que se puede responder con la declaración del estado sitio en los siguientes términos: “Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional…el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 116 de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio” (art. 32.1).

Da toda la impresión, por las acusaciones que se están formulando contra los miembros del que fuera Govern de la Generalitat presidido por Carles Puigdemont y contra los miembros de la que fuera Mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell, así como contra los antiguos presidentes de la ANC y Ómnium, que no se está reaccionando frente a un incumplimiento “de las obligaciones que la Constitución u otras leyes impongan”, como dice el artículo 155, sino ante algo mucho más grave, que se aproxima a la descripción del artículo 32.1 de la Ley Orgánica 4/1981 como presupuesto de hecho para la declaración del estado de sitio.

Parece obvio, en todo caso, que así es como lo ha entendido la Fiscalía General del Estado, el juez instructor y los magistrados del Tribunal Supremo que están confirmando las medidas cautelares por él adoptadas. No es el ejercicio desviado de determinadas competencias incumpliendo la Constitución o la ley por parte de las autoridades de la Comunidad Autónoma de Catalunya lo que se está persiguiendo, sino una conducta delictiva calificada como rebelión.

En la reacción ante los acontecimientos de septiembre y octubre en Catalunya se ha producido la coincidencia de una tímida reacción casi más administrativa que política por parte del Gobierno de la nación con una reacción brutal por parte de la Fiscalía General y el Tribunal Supremo. Pareciera que el Gobierno hace uso de la “coacción federal” y la Fiscalía y el Tribunal Supremo del “estado de sitio”. Y pareciera que consideran que esa combinación no tendría por qué plantear problema de ningún tipo en Catalunya.

Parece como si el Gobierno quisiera levantar la aplicación del artículo 155 y devolver a las autoridades catalanas el ejercicio del derecho a la autonomía, mientras la Fiscalía General y el Tribunal Supremo continúan la persecución penal que puede conducir a que un número considerable de dirigentes nacionalistas sean condenados a la privación de libertad durante un número considerable de años. Para las autoridades políticas y judiciales en Madrid el ejercicio del derecho a la autonomía por el Parlament y el Govern de Catalunya no tendría por qué verse afectado por los procesos en curso contra los antiguos miembros del Govern y de la Mesa del Parlament.

Obviamente, desde las autoridades nacionalistas catalanas la perspectiva es distinta. La combinación de “coacción federal” político-administrativa y “estado de sitio” judicial, que desde el Gobierno de la nación se considera que es una respuesta moderada y proporcional, resulta completamente inaceptable en Catalunya. Por eso se resisten a ejercer el derecho a la autonomía como el Gobierno de la nación quiere que lo ejerzan. Lo hemos visto a lo largo de todo el accidentado proceso de investidura del president de la Generalitat. Y lo continuamos viendo en el proceso de formación del Govern.

La “coacción federal” y el “estado de sitio” no combinan. Cuando se intenta hacerlo, se acaba como se está acabando: en un desorden generalizado del que no se sabe cómo se puede salir.

ME INTERESA LA VERDAD


“Me interesa la verdad. Amo la ciencia. Pero la verdad es una amenaza, y la ciencia un peligro público. Tan peligroso como benéfico ha sido. Nos ha proporcionado el equilibrio más estable de la historia. El equilibrio de China fue ridículamente inseguro en comparación con el nuestro; ni siquiera el de los antiguos matriarcados fue tan firme como el nuestro. Gracias, repito, a la ciencia. Pero no podemos permitir que la ciencia destruya su propia obra. Por esto limitamos tan escrupulosamente el alcance de sus investigaciones; por esto estuve a punto de ser enviado a una isla. Sólo le permitimos tratar de los problemas más inmediatos del momento. Todas las demás investigaciones son condenadas a morir en ciernes. Es curioso -prosiguió tras breve pausa- leer lo que la gente que vivía en los tiempos de Nuestro Ford escribía acerca del progreso científico. Al parecer, creían que se podía permitir que siguiera desarrollándose indefinidamente, sin tener en cuenta nada más. El conocimiento era el bien supremo, la verdad el máximo valor; todo lo demás era secundario y subordinado. Cierto que las ideas ya empezaban a cambiar aun entonces. Nuestro Ford mismo hizo mucho por trasladar el énfasis de la verdad y la belleza a la comodidad y la felicidad. La producción en masa exigía este cambio fundamental de ideas. La felicidad universal mantiene en marcha constante las ruedas, los engranajes; la verdad y la belleza, no. Y, desde luego, siempre que las masas alcanzaban el poder político, lo que importaba era más la felicidad que la verdad y la belleza. A pesar de todo, todavía se permitía la investigación científica sin restricciones. La gente seguía hablando de la verdad y la belleza como si fueran los bienes supremos. Hasta que llegó la Guerra de los Nueve Años. Esto les hizo cambiar de estribillo. ¿De qué sirven la verdad, la belleza o el conocimiento cuando las bombas de ántrax llueven del cielo? Después de la Guerra de los Nueve Años se empezó a poner coto a la ciencia. A la sazón, la gente ya estaba dispuesta hasta a que pusieran coto y regularan sus apetitos. Cualquier cosa con tal de tener paz. Y desde entonces no ha cesado el control. La verdad ha salido perjudicada, desde luego. Pero no la felicidad. Las cosas hay que pagarlas. La felicidad tenía su precio. Y usted tendrá que pagarlo, Mr. Watson; tendrá que pagar porque le interesaba demasiado la belleza. A mí me interesaba demasiado la verdad; y tuve que pagar también. …”

Un Mundo Feliz, fragmento: “Me interesa la verdad”.

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